Quinto Patio

De la mañana para la tarde del jueves se cayó el consenso entre fracciones parlamentarias sobre la reforma electoral y se quedaron solos MC y PAN.

En este tipo de reformas todos deben ir unidos para disminuir los costos políticos en campañas, estar todos parejos, y al final el PRI y Morena se echaron para atrás y como no había unanimidad todo se redujo a decir que ya no habrá reforma. Todo puede pasar en esta legislatura porque aún quedan dos largos meses para lograr consensos, con tiempos apretados, pero con tiempo.

La conferencia de prensa de activistas, regidores y diputadas de Morena, PRI, Hagamos y Futuro fue lo que dinamitó los acuerdos porque se dieron cuenta de que el fast track que pretendían al día siguiente no sería tan fácil o tendría severos costos políticos. Aunque los defensores de esta reforma aseguran que era un paso para poner en el Código Electoral lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana decide, lo cierto es que se pretendía hacer sin discusión, sin mesas de trabajo y sin consultas.

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Y desde el IEPC señalan que, si se hubiera aprobado la distribución de candidaturas por resultados electorales por partido político, en vez del criterio de población para garantizar la equidad de género, ya no hubieran podido agregar ni una coma, sólo tenían que aplicarlo.

Por lo pronto, se juegan con las mismas reglas de hace tres años y le toca al órgano electoral decidir si las hace más o menos progresivas, hasta el momento no hay ningún escenario donde obliguen a los partidos políticos que tienen posibilidades de ganar a poner mujeres en Guadalajara o Zapopan y sólo en ellos queda la decisión.

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Entre que sube el piano y baja el piano ya se cumplieron dos semanas de la toma de instalaciones del CUCSH La Normal. La UdeG informó el viernes que este lunes habría una mesa de diálogo con los paristas, pero la noche del sábado, en un video difundido en la página de Facebook “CUCSH no se mueve”, los alumnos inconformes condicionaron otra vez el encuentro. Piden que se les den garantías reales de que no habrá represalias y que se escuche a otros centros universitarios sobre sus demandas en materia de infraestructura y servicios.

Nada más no hay forma de que las autoridades universitarias acierten una. En cuanto informan que hay acuerdos, avances y mesas de diálogo, los paristas los desmienten.

Hasta ahora los esfuerzos de la Universidad por desactivar el conflicto han sido infructuosos a pesar de que han accedido a las peticiones de los inconformes. Sobre el origen del conflicto hay muchas lecturas. Una de ellas apunta a grupos políticos e incluso a detractores universitarios internos que promueven estas acciones.

Entre que es melón o sandía, el tiempo pasa y el riesgo de que este conflicto político se alargue más allá de lo razonable aumenta cada día. Así comenzaron otras protestas estudiantiles que luego duraron años.

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La Comisión Nacional Forestal (Conafor) dio a conocer su reporte de incendios forestales al 18 de mayo de este año. En el acumulado, Jalisco supera las 103 mil hectáreas afectadas, lo que convierte este año en el peor en todo el sexenio por la cantidad de superficie quemada.

Sin embargo, les apostamos a que el gobernador Enrique Alfaro va a minimizar los resultados. Ya ven que es un maestro en el manejo de las estadísticas –porque la realidad no es tan fácil de manipular–. En su informe sobre incendios a principios de mayo comparó este 2023 con 2017, en el que hubo 189 mil 814 hectáreas afectadas. Por supuesto siempre habrá manera de hacer una lectura conveniente de las cifras, pero eso no cambia que este es el peor año en incendios durante el sexenio.

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Por cierto, nada más esto nos faltaba. En medio de severas crisis ambientales que aquejan a Jalisco –agua, cambio climático, contaminación, gestión de residuos–, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental dio a conocer su informe Agresiones contra las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Nuestra entidad ocupa el nada honroso cuarto lugar nacional con 20 agresiones.

Cuando se revisan con lupa las estadísticas aparecen estos patrones que alertan cómo el Estado de derecho se erosiona con un gobierno incapaz de brindar seguridad a luchadores sociales y ciudadanos en general.

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jl/I