Un sueño interrumpido

La semana pasada, por un breve momento pudimos sentir cómo es vivir en un México diferente, donde el Poder Judicial actúa de forma independiente y atiende los estándares de derechos humanos. El jueves 6 de julio el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó la reinstalación de inmediato del antimonumento 5J en la Plaza Imelda Virgen, generando esperanza que el anhelo por la verdad, reparación integral y memoria de las víctimas de desaparición forzada y tortura de junio de 2020 pudiera convertirse en una realidad.

La decisión del tribunal colegiado marcó una diferencia. Se determinó otorgar la suspensión provisional, ordenando al gobernador del estado y alcalde de Guadalajara reinstalar de inmediato el antimonumento con la presencia de víctimas y personas defensoras de derechos humanos. Los magistrados calificaron el retiro como un acto de “censura constante” y de represión a los derechos a la libre manifestación de ideas, toda vez que constituía una forma de protesta permanente ante las atrocidades que se cometen en Jalisco sin parar.

El tribunal reconoció la importancia de construir y mantener los esfuerzos de memoria colectiva de la ciudadanía, así como la relevancia de garantizar el derecho a la libertad de expresión, señalando que el mismo se manifiesta a través de múltiples formas, abarcando también las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas o políticas. En este sentido, se señaló que este derecho constituye un contrapeso al ejercicio del poder estatal y que, al restringirse, también se limita el derecho que tiene la sociedad a la información.

Lamentablemente, no pasaron ni 24 horas cuando este sueño se desvaneció. El 7 de julio, el juez federal Javier Delgadillo Quijas, del Juzgado Segundo en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, negó la suspensión definitiva para la reinstalación del antimonumento 5J, contribuyendo a un preocupante retroceso en materia de derechos humanos y garantías de derechos de víctimas.

A pesar de su rol tan trascendental para reafirmar la protección y relevancia del derecho a la memoria ciudadana en México, en su resolución decidió basarse en cuestiones formales del proceso e información errónea, sin entrar a analizar el fondo del asunto. Sorpresivamente, en la resolución se señala que el juez estuvo presente en la audiencia incidental y que fueron las partes quienes no asistieron, justificando que por esta razón no se logró desvirtuar los argumentos de las autoridades estatales y municipales. Sin embargo, previo a la emisión de la resolución, la audiencia sí había sido realizada. Estuvieron presentes representantes de ambas partes del juicio, quienes debatieron al respecto del nivel de riesgo que generaría la reinstalación del antimonumento para la ciudadanía, y quien estuvo ausente fue el mismo juez.

A estas irregularidades se suma que los informes de las autoridades a pesar de que se presentaron con anterioridad a la audiencia y resolución, nunca se realizó la notificación correspondiente a las víctimas ni se tuvo acceso a dichos documentos, lo que evidencia que jamás se dio una oportunidad de responder a los mismos, contrario a lo que señaló el juez.

No sería inesperado mencionar que la resolución solamente se basó en la información proporcionada por las autoridades señaladas como responsables, quienes al final negaron su participación en el retiro del antimonumento 5J, incluso a pesar de haber reconocido públicamente su responsabilidad unas semanas antes. Además, al parecer se advierte sobre la responsabilidad de otra autoridad, que supuestamente es la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara.

El proceso a partir del amparo presentado el 26 de junio por los colectivos 5 de Junio Memoria, Luz de Esperanza y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo nos invita a mantener la resistencia para soñar con la dignidad, aunque el mismo, por los avances y retrocesos constantes, podría extenderse por meses, generar desgaste y prolongar las violaciones a los derechos humanos vividas. No obstante, la lucha por este sueño continúa y no va a parar, para que, gracias a la memoria colectiva, las atrocidades no se repitan y otras personas nunca más tengan que soñar con un México diferente.

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