Agresiones

El principal agresor de la prensa en México es el Estado. Este punto es uno de los muchos destacables del informe que la asociación Article 19 Oficina para México y Centroamérica liberó el martes, en el que recoge las agresiones a periodistas y medios de comunicación durante el primer semestre de este año.

Las autoridades que conforman el Estado mexicano fueron responsables de 140 de las 272 agresiones registradas. Por órdenes de gobierno, los servidores públicos estatales son quienes más atacaron a la prensa (23 por ciento), seguidos por los de nivel federal (19 por ciento) y, al final, aquellos que son municipales (8 por ciento).

Respecto al tipo de agresiones que recibieron quienes trabajan en la prensa mexicana, las más comunes fueron intimidación y hostigamiento (68 casos), uso ilegítimo del poder público (61) y amenazas (49).

Sobre la violencia más común a la que se enfrenta el gremio, es decir, la intimidación y el hostigamiento, se refiere que se trata de actos o mensajes enviados con el objetivo de generar un efecto de censura.

Y es aquí donde se cita a Jalisco, con referencia al gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

En sus entrevistas banqueteras –señala el informe– Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, se ha negado a dar entrevistas a medios indicando simplemente “a ustedes no” o “ya sabemos lo que van a publicar”.

Y refiere que Rubí Bobadilla, periodista de El Informador, reportó a Article 19 que los bloqueos y las estigmatizaciones del mandatario han sido constantes:

“Es lamentable cómo en Jalisco el gobernador ha tratado con los medios de comunicación que no siguen su línea, y cómo es constante su negativa a responder sobre temas que le incomodan o hacen quedar mal a su gestión, sobre todo en materia de seguridad, aun documentados con información pública u obtenida por medio de transparencia; minimizando y descalificando con tonos y palabras inadecuadas o fuertes, sin sustento, el trabajo de las personas periodistas. No solo lo vemos a nivel nacional, lo hacen también los gobiernos locales, y el mandatario estatal es prueba de ello”.

Las amenazas, el tercer lugar en agresiones más comunes, tienen una preocupación particular, pues de los 49 casos registrados, 23 fueron casos de amenazas de muerte.

Y respecto a los asesinatos de periodistas cuyo móvil estaría relacionado con el ejercicio de su trabajo –con la acotación de que son cifras que también incluyen a julio–, Article 19 refiere los casos de Marco Aurelio Ramírez Hernández, ocurrido el 23 de mayo; Luis Martín Sánchez Íñiguez, el 7 de julio, y Nelson Matus Peña, el 15 de julio, además de la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, el 6 de julio.

Sobre la información de las víctimas de la violencia contra la prensa, durante el primer semestre de 2023 en 84 ocasiones mujeres periodistas fueron violentadas por ejercer su labor (30.88 por ciento), mientras que periodistas hombres fueron agredidos en 148 casos (54.41 por ciento). Asimismo, se documentaron 40 ataques contra medios de comunicación (14.71 por ciento).

Entre las exigencias con las que concluye Article 19, para el caso de los poderes Ejecutivos estatales y federal, están asumir una narrativa que reconozca la importancia de la labor de periodistas y medios de comunicación en un contexto democrático y abstenerse de emitir expresiones estigmatizantes, criminalizantes y de descalificación en su contra, así como fincar responsabilidad administrativa a funcionarios que hayan cometido actos arbitrarios e ilegales que coarten la labor y libertad de expresión de periodistas.

Solo acatar estas dos demandas serviría mucho más que inaugurar una escultura de una pluma gigante que refiere, nos dijeron, la libertad de expresión.

Pura pose.

X: @perlavelasco

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