¿Y la autonomía?

Después de la elección de siete magistrados que ya se incorporaron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los actores políticos que participaron directa o indirectamente en el proceso aseguran que se dio un paso importante, al nombrar mejores perfiles, según las evaluaciones. Abiertamente, sin tapujos, aseguran que se eliminó la asignación de “cuates”, aunque se mantiene el reparto de “cuotas” entre los partidos políticos.

Y es cierto. En el reparto de espacios, que en esta ocasión implicó cuatro magistrados para Movimiento Ciudadano, uno para Morena, uno para el PRI y otro para Hagamos, se ponderó a perfiles que tuvieron mejores resultados en la evaluación.

¿Es un paso importante?, sin duda alguna, porque además fue una elección más transparente, lo que ayudó a dejar fuera a personajes con vínculos más abiertos con partidos políticos o con manchas evidentes en su trayectoria.

El problema que persiste, al mantenerse el reparto por “cuotas”, es que se mantiene el sometimiento del Poder Judicial a otros actores ajenos al mismo, en particular de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de grupos que de manera tradicional han tenido injerencia en nombramientos y, por ende, en la actividad jurisdiccional.

Que el Poder Judicial pierda autonomía no es un asunto menor, porque estamos seguramente en uno de los peores momentos en este sentido, en la intervención política en las resoluciones judiciales.

Con la llegada del actual gobierno estatal, Enrique Alfaro Ramírez dejó el control del Poder Judicial a su ex cuñado, Rafael Martínez, una decisión que es ampliamente conocida en este poder. Para tener el control total hizo una alianza con un grupo de panistas y ex panistas, encabezados por el recientemente fallecido Octavio Esqueda Ávalos, quienes especialmente han mantenido el control entre los jueces de primera instancia.

Ese control panista se fortalecerá con el reciente reparto. No fue una concesión gratuita que el Partido Acción Nacional (PAN) haya quedado al margen en este primer reparto de magistraturas. En el Congreso se asegura que los blanquiazules van por dos de los tres espacios en el Consejo de la Judicatura, convocatoria aprobada el mismo jueves 25 de enero en que se eligió a siete magistrados.

La Judicatura es un órgano administrativo del Poder Judicial que tiene atribuciones importantes para la administración de justicia: nombra jueces y decide su adscripción y materia.

El 4 de abril de 2022, El Diario NTR Guadalajara publicó que entre 2019 y 2022 habían sido cambiados de juzgados 215 jueces. Incluso, un juez fue cambiado en ese periodo en siete ocasiones. Según testimonios, en algunos casos las modificaciones estuvieron relacionadas con asuntos que llegaban a los juzgados y que requerían resoluciones a modo.

La situación de violencia e inseguridad que vive Jalisco está estrechamente ligada a la impunidad. A su vez, la impunidad está relacionada directamente con la falta de autonomía del Poder Judicial, no solamente con los temas penales, sino por la falta de certeza jurídica en todas las áreas, incluso por temas familiares como herencias, divorcios o hasta quién obtiene la custodia o patria potestad de los hijos.

Por ello, reconocer el avance en la llegada de mejores perfiles de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado es importante, pero también lo es no quitar el dedo del renglón en los intereses que impulsaron a estos magistrados y en la exigencia de que corten los hilos que los sujetan a los partidos políticos participantes en el reparto.

Además, no debemos perder de vista los nombramientos que siguen, pues además de los tres consejeros de la Judicatura, también habrá otras magistraturas en juego.

[email protected]

jl/I