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¡No!, al aumento
Me dijeron no negociar con Salinas Pliego
En el Congreso local aplica el dicho de que dices una cosa y haces otra, porque pese a las declaraciones de ser sensibles a los temas de derechos humanos y apoyarlos cuando son temas trascendentes, la realidad es que les dan la vuelta.
Los diputados locales no tienen prisa para cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de crear una fiscalía especializada contra la tortura para garantizar la independencia, y no como ahora que es una unidad dentro de la Fiscalía del Estado.
Y aunque aquí no tienen hacia dónde hacerse, porque la resolución es clara de que lo deben de hacer y la deben acatar, lo que sí han hecho es darle largas.
La actual legislatura es especialista en posponer los temas importantes para la sociedad y sacar sólo lo que le importa al gobernador.
Para muestra tres botones muy evidentes: el más añejo es la creación de la ley de víctimas, que está atorada desde la legislatura pasada y todavía no hay interés en que salga en este último año de administración, y más si carece de la venia del Ejecutivo.
En estos dos últimos años los legisladores no han propiciado, ni presionado, ni insistido, ni negociado sacar esta ley, y la han dejado pasar porque la falta de interés es mutua y porque saben que es un tema que no deja votos.
El segundo es la propuesta de dar un apoyo económico a las familias que tengan niños cuyos padres estén desaparecidos para respaldar su economía familiar, sobre todo de los abuelos, que de un día a otro son el sustento de los menores.
Aquí tampoco tienen el aval del Ejecutivo, y quizás nunca lo tengan, porque de crearse esta propuesta evidenciaría una realidad que han tratado de ocultar en este sexenio sobre cuántas personas desaparecidas hay, se visibilizarían las familias desintegradas y los niños huérfanos, y si lo hicieran quedaría al descubierto la realidad de todos conocida, pero que no quiere reconocer el gobierno en turno.
Y el tercero más evidente y contundente es esta resolución de la Corte para crear la fiscalía especializada contra la tortura para que sea autónoma, y que la comisión legislativa de Derechos Humanos simplemente evade hacerlo pronto, porque se justifica que sus periodos de trabajo son anuales y tiene lo que resta de la legislatura para aprobarlo.
Si esto hubiera sido un tema del interés del Ejecutivo hubiera salido en la misma semana que lo propone o a los pocos días, como ha ocurrido con varias de sus iniciativas; sin embargo, como son problemas sociales a los cuales siempre le saca la vuelta, no hay avances.
Lo que sorprende es que la agenda social tendría mucho éxito y reconocimiento por su trascendencia y serían buenas banderas políticas para campaña; empero también reflejarán el estado de las cosas y eso es lo que quieren ocultar.
Parece que sólo quieren dejar que sea la propia sociedad civil organizada la que afronte estos problemas, y luego seguir con su discurso de que están cumpliendo con la ley y haciendo lo que les toca.
Además, en estas semanas se sumaron dos problemas sociales evidentes que han terminado en muertes. Uno en Zipoco, Santa María del Oro, con la desactivación de minas instaladas por la delincuencia organizada para inhibir a sus enemigos y a los intrusos, y que podría todavía haber más, y el otro es el olvido en el que están los hospitales psiquiátricos y la falta de apoyos que exhibe los problemas que se pueden venir.
Estos son sólo algunos de los temas sociales que han destacado en las últimas semanas y que siguen siendo pendientes y seguirán generando interés. Ya veremos si en campañas prometen lo que no han hecho en los cargos públicos.
Ahí es donde debe haber confrontación.
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jl/I