Gestión pública o propaganda; el deber de la administración pública

La semana pasada se enviaron 20 proyectos de iniciativas legislativas por parte del Ejecutivo al Congreso de la Unión. El listado de asuntos que contiene el paquete es muy diverso y se requieren acciones diferentes para cada una de ellas. Hay proyectos relacionados con la alimentación, el ambiente sano y el derecho al agua, así como también de protección y cuidado de animales, protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas, sobre regulación constitucional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en materia de bienestar, en materia de salarios, diferentes reformas en artículos como el 123, 28, 25 y 27, entre otros.

El conjunto de proyectos requiere un análisis técnico de las instancias de evaluación del Poder Legislativo para determinar la estructura y viabilidad del conjunto de modificaciones que envía el Ejecutivo. Además de las anteriormente señaladas, se encuentran también la de austeridad republicana y remuneraciones de personas servidoras públicas, las de materia de salarios, la de atención médica, universal y gratuita, así como la de materia electoral y la reforma al Poder Judicial. Todo esto se lleva a cabo en este momento en que, de acuerdo con el artículo 105 constitucional, que dice: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Es decir, que el procesamiento de los proyectos de modificación deberá esperar la conclusión del periodo electoral para poder iniciar su evaluación.

El impacto que genera el conjunto de proyectos y el contenido de los mismos produjeron un interés temático importante que, por cierto, abarcó una zona sustancial de análisis y discusión en diferentes ambientes. Es decir, propició una importante zona de análisis de diferentes espacios de discusión, revisando el contenido y significado del paquete legislativo. En su conjunto y con las estrategias y esquemas con que se presentó el paquete, definitivamente hubo un proceso social de comunicación política establecido con el contenido y, por otra parte, con la marca política que lo sustentó. El presidente señaló que: “(…) hasta ahora se dieron las condiciones, y además, porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir, una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es sólo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana, una elección es también para definir un proyecto de nación. Y eso considero es lo más importante”.

En el Código de Procedimientos Electorales de la Federación, en el artículo 2 apartado 2, señala que “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales”.

El esquema de comunicación social que se ha elegido y el reconocimiento de una intencionalidad propagandística establecen, definitivamente, una línea de ventaja injustificada de una tendencia política. La presencia de los órganos electorales tiene una misión compleja, pero obligada, de pronunciarse ante este escenario de propaganda electoral en el periodo de intercampaña, así como del uso desmedido de condiciones de promoción que tienen restricciones establecidas en la normatividad electoral, algunos de los actores políticos.

La historia del procesamiento electoral ciudadanizado tiene una importante trama de participación ciudadana y social y se requiere, en estos momentos, no desestructurar una institución que cuenta con los elementos y recursos legales para el procesamiento electoral, circunstancia a la que todos los actores deben ajustarse para contar con verdadera equidad en el procedimiento.

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