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El anticorrupción
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El martes 13 de diciembre de 2022 se publicó en la Gaceta Parlamentaria la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) para ser discutida y, en su momento, ser aprobada por el Congreso de la Unión. Como es una ley, solo se requiere la mayoría absoluta (51%) de los miembros de las dos cámaras y Morena las tiene en ambas, lo más seguro es que sea aprobada en el siguiente período ordinario de sesiones que iniciará el próximo 1 de febrero.
Desde que se estrenó este sexenio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y su directora general, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, se han visto envueltos en varias polémicas por algunas decisiones con la comunidad científica mexicana. De hecho, empezó desde el documento presentado durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador Principios Rectores del programa de Ciencia y Tecnología en el marco del Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024), donde se mencionó a la “ciencia campesina milenaria de México” en contraposición a la “ciencia occidental”. La principal crítica fue ver la ciencia desde una perspectiva ideológica.
Otro desencuentro surgió por la tentativa de encarcelar a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, solicitó en tres ocasiones órdenes de aprehensión contra los científicos y las tres veces le fueron negadas por el juez.
Como pago por ese intento, Gertz Manero recibió la distinción de miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III (¡el máximo!), algo que se le había negado por 11 años. Aunque el más apreciado es el de Investigador Nacional Emérito (nombramiento vitalicio), al cual accedió Elena Dorronsoro Roces, madre de la directora del Conacyt. A decir de otros investigadores, no tiene los méritos para recibir dicha distinción (https://onx.la/31444).
Asimismo, el consejo designó a Edith Arrieta Meza como subdirectora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). Dicha persona solo cursó la licenciatura en diseño de modas. Similar al caso de David Alexir Ledesma, subdirector y coordinador de comunicación e información estratégica del Conacyt, quien en ese momento cursaba el tercer semestre de la licenciatura de Comunicación. Sin olvidar que a Florencia Serranía (ex directora del Metro) la nombraron en un cargo honorífico en el Conacyt.
Por otro lado, el consejo prometió fabricar los famosos ventiladores Ehécatl 4T y Gätsi y resultaron 88 por ciento más caros y no se logró la patente. También prometieron elaborar la vacuna Patria contra el Covid-19 que está en la fase 3 y su aprobación por Cofepris va para largo.
Por último, desde que Buylla es directora, al Conacyt se le han promovido 685 juicios de amparo de miembros de la comunidad científica por cambios al reglamento de SNI, adeudos de becas, reducción de sueldo, cancelación de programas y proyectos (El Universal, 13/1/2023, p. A26).
Todos estos sucesos incómodos son muestras de la anarquía que prevalece en el Conacyt y la ineptitud de su directora para conducir a la comunidad científica del país a buen puerto. Cambiar la ley no hará que, en automático, el consejo se vuelva más eficiente. Con las reiteradas muestras de incapacidad, la LGMHCTI (merece una reflexión posterior) para nada garantiza una buena gobernanza de la ciencia.
Twitter: @ismaelortizbarb
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