Ni una sola palabra

Hasta el momento de escribir estas líneas (28 de mayo), ni el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ni el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habían dicho una sola palabra sobre la desaparición en el lapso de unos pocos días, de siete personas que trabajaban en un call center, como lo señaló en su momento el sociólogo Jorge Ramírez, a través de Twitter.

Lo que a nuestros dos gobernantes debiera interesarles es un hecho público, y hasta ese día no tenía caso comentarlo. Finalmente, tarde, tocaron el tema.

Lo que es importante es que comencemos a analizar y discutir es qué está pasando, por qué están desapareciendo tantas personas, especialmente en Jalisco, aunque hay otras entidades que también sufren de una alta incidencia.

Y planteo esto, porque, dado que nuestras autoridades no manifiestan públicamente interés por resolver esto, entonces nos corresponde a la sociedad civil y a la academia empezar a buscar respuestas.

Las organizaciones de personas buscadoras son quienes mejor conocen la situación, en lo que se refiere a las (pocas) buenas y (muchas) malas prácticas de las instancias de procuración de justicia, y necesitamos comenzar a sistematizarlas, para tratar de comprender qué pasa desde el lado de las autoridades. Recordemos que la política pública es la que se hace, no la que se dice, por eso es importante tener claro qué están haciendo, para entender a quiénes quieren realmente beneficiar.

Adicionalmente, desde la academia es necesario que comencemos a recabar los datos con los que se cuenta de las desapariciones, y procesarlos, para poder entender el fenómeno. Sé que varios colegas están trabajando en esos temas, el mismo Jorge Ramírez, y Víctor Manuel González Romero, quienes difunden sus análisis por Twitter. Sin embargo, necesitamos más información para empezar a determinar si hay un patrón más o menos definido en cuanto a los lugares, horarios, y demás elementos de contexto de las desapariciones, así como de la tipología de las personas que desaparecen, distinguiendo entre quienes desaparecen pocos días, de las que llevan semanas, meses o años sin aparecer, y las que han sido encontradas muertas.

Esto solo para empezar, porque está claro que en este momento no hay claridad pública respecto a las causas del problema, y por lo tanto no contamos con una estrategia para atenderlo. Cuando contemos con un panorama más completo, entonces podremos empezar a formular propuestas de solución y de prevención, en las que deberíamos de poder distinguir entre las que requieren de manera indispensable de la participación de las autoridades, de aquellas que la sociedad civil, la academia, los medios y hasta la iniciativa privada pueden llevar a cabo por su cuenta.

También necesitamos recabar el apoyo de las organizaciones internacionales, especialmente aquellas dependientes de la Organización de las Naciones Unidas, que ya han manifestado su preocupación por lo que está pasando en nuestro país, porque no parece que vaya a resolverse, o ni siquiera a detenerse pronto.

No debemos continuar en la apatía con relación a este asunto. Es necesario que respondamos con empatía y solidaridad con familias que viven esa tortura constante. Y si no es por esos motivos, pues que sea por egoísmo, por evitar que nuestra propia familia llegue a experimentar ese dolor que no se termina.

Yo sé que hay personas a las que estos temas les asustan, lo sé porque a mí también me asustan, pero no debemos dejar que sea el miedo el que decida qué vamos a hacer o dejar de hacer; es necesario que nos involucremos, y que atendamos el problema de las desapariciones de manera colectiva, y de ser posible, institucional.

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