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¡No!, al aumento
Me dijeron no negociar con Salinas Pliego
El filósofo francés Montesquieu, después de observar la manera en que habían ejercido el poder los monarcas que no tenían contrapesos, planteó que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder”. Y por eso propuso la división de poderes.
Aunque Montesquieu vivió en el siglo 18, su pensamiento sigue siendo válido, y tenemos muchos ejemplos actuales de abuso del poder que nos permiten constatarlo.
En el caso del poder público nuestro sistema político, al igual que el de muchos otros países, está organizado en torno a tres funciones fundamentales, que son la elaboración de leyes (legislativa), su cumplimiento (ejecutiva), y el juicio a quienes no cumplan con ellas (judicial), que se controlan entre sí, de manera que el poder detenga al poder. Esos son los contrapesos institucionales.
Me refiero a esto porque una manera de hacer valer los contrapesos son las comparecencias de los funcionarios ante el Poder Legislativo, que en nombre del pueblo puede exigirles la rendición de cuentas sobre la gestión de los bienes y/o servicios públicos a su cargo.
La comparecencia pública es un ejercicio republicano y democrático, que tiene la finalidad de garantizar que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera posible, por eso es tan importante que se lleve a cabo, y uno de los espacios privilegiados para hacerlo es la glosa del informe de gobierno del Poder Ejecutivo, aunque no es, ni debe ser el único momento.
Al respecto, es de llamar la atención el hecho de que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco haya impedido que se llevara a cabo una comparecencia del director del Siapa, para que explique por qué la calidad y el abastecimiento del agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara deja tanto que desear, pretextando que ya se presentará en la glosa ya citada.
El hecho es que de las comparecencias y de la glosa es poco lo que se saca en claro, debido a que no hay un esquema bien formulado de rendición de cuentas, que además tenga la finalidad de que de las comparecencias se obtenga la información necesaria para mejorar el desempeño de los funcionarios, o de las dependencias a su cargo, a partir de la intervención legislativa.
Tomando en consideración lo anterior, quiero proponer que las comparecencias en las que se evalúen bienes y/o servicios públicos se centren en las cualidades que deben de tener, desde la perspectiva de los derechos humanos, que se refieren a la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad.
Así, por ejemplo, en el caso del servicio de agua potable, habría que evaluar si su precio es asequible, es decir, si la mayor parte de la población usuaria puede pagarlo; si es accesible, y por lo tanto se tiene un sistema de distribución que asegura que llegue a toda la población, sea a través de la tubería, o por otros medios; si la forma en que se reparte es aceptable, porque llega a las casas con regularidad y en la cantidad necesaria, que son 50 litros por persona al día, y sin fugas; si se adapta a las necesidades de aseo y alimentación de cada hogar; y finalmente, si su calidad es la adecuada, porque no tiene color, ni sabor, ni contiene ningún tipo de sustancia dañina para las personas, y por lo tanto se puede utilizar sin riesgos para el aseo personal y hogareño, y para la alimentación.
De esta manera, las comparecencias públicas pueden ofrecer datos más precisos sobre los resultados de la gestión pública.
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