En examen en Nuevo León el diseño institucional

En las últimas semanas se ha puesto a prueba el diseño institucional del país, mismo que ha dado muestra de consistencia y estructura, independientemente de la fuerza que impone en este momento la política electoral, que mezcla asuntos de coyuntura contra otros que pretenden, precisamente, modificar la estructura institucional para objetivos diferentes de lo que se tiene contemplado en la dimensión orgánico-jurídica del país.

El conflicto que se suscitó en Nuevo León, con un gobernador qué, ignorando la base constitucional del país y de ese estado, decidió jugar, como en las apuestas, con una serie de circunstancias que movilizan un aparato jurídico institucional y no la inasible e indeterminada voluntad de una persona. El intento del gobernador por dejar el mando del estado y participar como candidato presidencial implicó la solicitud de licencia al cargo para proponer, por Movimiento Ciudadano, su candidatura presidencial. De acuerdo con la Constitución de Nuevo León, la solicitud de licencia la recibe el Congreso del Estado y éste busca un perfil idóneo para sustituir a la persona que abandona temporalmente el cargo.

El Congreso del Estado, dentro de sus facultades orgánicas, decide el nombramiento de un gobernador interino. El trámite, hasta ese momento, no tiene mayores problemas. Sin embargo, el gobernador que solicitó licencia, misma que se le aprobó, decide súbitamente desistirse de su licencia y, sin mediar trámite alguno, pretende regresar contra una decisión constitucional del Congreso del Estado qué, ante su petición, nombró a un nuevo funcionario sustituto por el periodo para el que solicitó el permiso. El problema que se genera en Nuevo León tiene que ver con la inopia jurídica del gobernador o, bien, con la mala intención expresa del mismo, al querer provocar un movimiento contra la legalidad.

La estructura institucional ha funcionado con corrección, sin embargo, el conflicto se genera desde una perspectiva política y, particularmente, política electoral. En ese orden de cosas, el intento por generar una disfuncionalidad en el estado adquiere solamente esa dimensión política que no tiene que ver con la estructura de procesamiento institucional que el estado ha creado, precisamente, para tener un piso sólido de acción gubernamental y administrativa.

La continuación de este conflicto plantea, primordialmente, una intervención política, porque la jurídica está perfectamente diseñada en el orden constitucional federal y estatal que define los procedimientos a seguir. El desorientado gobernador en licencia busca forjar un conflicto que va a requerir de apoyos robustos y de alto alcance; la pregunta es qué instancia estará en este momento interesada en colocar el capital político en la defensa de un procedimiento ilegal e ilegítimo para un personaje que, en el caso de que se restituya en sus funciones, logre tener la consistencia de responder a acuerdos porque dentro de su historial se encuentra una irrupción violenta y agresiva ante el Congreso del Estado para evitar una sesión constitucionalmente establecida para abordar el caso.

El desenlace está por verse, sin embargo, el diseño orgánico constitucional da prueba de la eficiencia del funcionamiento institucional. El reto consiste en llegar a acuerdos políticos que no comprometan las estructuras institucionales que fundan el diseño de operación de la administración pública. Las voluntades individuales, en la medida en que solamente impliquen el área privada, constituyen elementos de soporte para comprender el sentido de una propuesta. Sin embargo, trasladarlas al espacio público requiere someterlas a la estructura que se ha diseñado para generar líneas de administración de acuerdo con el aparato institucional que nos gobierna y, en ese sentido, apegarse a esa estructura, independientemente de que guste o no.

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