Un censo para esconder el problema

Los resultados del censo de personas desaparecidas que dio a conocer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el broche de oro con el que la actual administración cierra su desafortunada relación con las familias de desaparecidos. Para esta agenda las autoridades federales solo han tenido desdén, indiferencia, manipulación de cifras y criminalización.

Ante los cuestionamientos que había sobre las cifras de desaparecidos en el país y el rechazo de las autoridades federales para admitir la gravedad del problema se decidió que los datos se verificarían a través de un censo. Las críticas surgieron de inmediato, pero tal vez ni en ese momento se podía saber lo delicado del resultado.

Según los datos que ofreció el gobierno de López Obrador, durante su gestión han sido localizadas 16 mil 681 personas, además que se ha ubicado a 17 mil 843, para un total de 34 mil 524 casos, que representan 31 por ciento del total de personas que hay en el registro, que es de 110 mil 964.

Uno de los datos que más molestia ocasionó es el de casos de desaparición confirmados: 12 mil 377 en todo el país. Según la última actualización de los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas en México, esa cifra es inferior incluso al total de los dos estados con más desaparecidos: Jalisco, el número uno con 14 mil 919, y Tamaulipas, con 12 mil 930.

La principal fuente del registro nacional, que al día de ayer ya sumaba 113 mil 459 personas desaparecidas y no localizadas, son las denuncias y reportes, así como las llamadas a los números de emergencia de seguridad. A pesar del elevado número, se habla de una cifra oculta, ya que un número importante de casos no se denuncian por temor de las familias.

Así que pensar que el censo sería una mejor manera de recabar información, era un absurdo. Y la prueba es que al menos tres de los colectivos con más activismo en el estado, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), Luz de Esperanza y Madres Buscadoras de Jalisco, han denunciado que casi ninguna familia de las que los integran fue censada. Si las víctimas organizadas en los colectivos no fueron localizadas por los funcionarios federales que realizaron el censo, ¿cómo creer que quienes por miedo o cualquier circunstancia no se han movilizado sí fueron ubicadas por las autoridades?

Además, la apuesta a reducir el número de personas desaparecidas es parte de una estrategia que han seguido el gobierno federal y los estatales, para centrar la atención en los números, olvidando que estamos hablando de personas. El censo, que minimiza el problema, coincide además con el arranque del proceso electoral 2023-2024, por lo que no podemos descartar que la intención sea que el tema no afecte a los candidatos.

Desde cualquier punto de vista, el conteo superficial de desaparecidos, evidenciado por los colectivos, es una medida perversa, al margen de cuál sea la intención. Porque no admitir la gravedad del problema seguramente implicará una menor atención, que de por sí ha sido muy deficiente, de los sistemas de búsqueda federal y estatales.

Uno de los principales cuestionamientos a este conteo de las autoridades es la falta de información de los sitios y vías para recabar información y, sobre todo, cómo se consiguieron los datos que permitieron la ubicación de una tercera parte de las personas reportadas como desaparecidas. Esto, sumado a los 26 mil 90 casos en los que se concluyó que no hay datos suficientes para la identificación y en más de 36 mil tampoco indicios para la búsqueda.

Lo desafortunado será que, ante estos datos, las investigaciones para ubicar a los desaparecidos sean todavía menores a las actuales.

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