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Faltan menos de dos semanas para que llegue la jornada electoral del 2 de junio y vuelve una pregunta esperanzadora o inquietante para las y los candidatos… ¿cómo pueden verse afectados los resultados electorales por cuestiones coyunturales inmediatas? Un escándalo de corrupción, un evento catastrófico, una “noticia bomba” o inclusive crisis en el abastecimiento de agua o la recurrencia de apagones pueden afectar de último momento la orientación de nuestro voto. El que ocurra alguna de estas situaciones no significa que el conjunto de la responsabilidad de lo que suceda sea responsabilidad de algún gobierno en lo específico (federal, estatal o municipal), pero el sentimiento de molestia podría orientar en favor de alguna fuerza opositora; el que aparezca un escándalo puede no tener que ver con este momento específico, sino del cálculo político sobre cuándo sacar determinada nota. Inclusive, pueden presentarse noticias falsas, pero el daño que causen puede ser inmediato. Del mismo modo, un gobierno en el poder, de cualquier orden de gobierno, puede emplear este momento para generar un evento que descalifique al opositor. En suma, estamos viviendo un periodo de dos semanas en el que las tensiones pueden incrementarse significativamente.
En términos de fondo, las condiciones económicas difícilmente variarán significativamente en un periodo breve. La inflación, la actividad económica, el empleo, la distribución del ingreso, pobreza, sostenibilidad ambiental, reservas de divisas, paridad de la moneda, deuda externa, exportaciones, importaciones o las cuentas financieras de los gobiernos no cambian abruptamente. Lo que si puede hacerlo es la impresión que tengamos de la situación, a partir de bombardeos propagandísticos en favor o en contra de cada fuerza política.
Independientemente del cansancio ante la intensidad abrumadora de los anuncios políticos, el voto que se ejerza a todos los niveles podrá incidir significativamente en nuestras condiciones personales y sociales de mediano y largo plazo.
A nivel legislativo, ¿queremos que se efectúen modificaciones sustantivas en nuestras leyes federales y/o estatales, o aún en nuestra normatividad municipal? La definición de una mayoría clara en favor de una fuerza a nivel de los ayuntamientos, estados y Federación permitiría hacer cambios más fácilmente, pero implicaría un poder más concentrado en una sola fuerza. Por el contrario… ¿queremos un mayor equilibrio de poder? En ese caso nos conviene una integración de los congresos (federal y estatales, así como cabildos) más pareja, pero eso dificultaría el que hubiese cambios normativos importantes.
A nivel Ejecutivo, ¿queremos una mayor consistencia entre el quehacer de los gobiernos federal, estatales y municipales? Es lo que resultaría en favor de un voto preponderante para una misma fuerza en los tres niveles. ¿Queremos una autoridad local que implique un contrapoder con otros niveles de gobierno, entre los gobiernos municipales y el estatal, o entre los estatales y el federal? Eso resultaría de un voto que distribuya entre más partidos los gobiernos estatales y municipales.
Ninguna de las preguntas lleva en sí misma a una respuesta “correcta”, sino a dinámicas distintas del funcionamiento de la vida pública. Si tenemos una opinión más o menos bien definida de lo que queremos, esto debe ser básico. En cambio, el dejarse llevar por escándalos de última hora, puede resultar muy pernicioso.
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