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El abogado de los amparos
Porque nos la quitaron
El actuar de los políticos profesionales nunca ha sido asunto al que le haya dado demasiada importancia. Los chismes, componendas y traiciones entre unos y otros siempre me han parecido episodios de telenovelas. Desde que Echeverría era presidente opté por invertir mi tiempo en temas que considero más relevantes. Pero de lo que sí he sido testigo es cómo algunos personajes de la política intentan apropiarse acciones que realizan ciudadanos de a pie en beneficio de su comunidad; o integrantes de partidos políticos que van saltando de un bando a otro, olvidándose que son representantes de quienes los eligieron.
Puesto que uno de los objetivos de la paz es la transformación de las estructuras sociales, podemos preguntarnos al terminar la actual administración federal en la que tanto se enfatizó la 4T, si los cambios que se han realizado son o no coherentes con los principios de una paz con justicia y dignidad.
Cuando tomó posesión el presidente actual se comprometió a cumplir la Constitución, no a modificarla en asuntos trascendentales. Prometió que se avanzaría hacia un modelo de justicia transicional, pero no logró esclarecer la verdad sobre los crímenes de la guerra sucia ni el caso Ayotzinapa. Propuso que los militares regresarían a sus cuarteles, pero se les asignaron funciones que contravienen lo estipulado en la Carta Magna. Su estrategia de “abrazos, no balazos” sigue provocando miles de muertos, como los de Culiacán en fechas recientes.
La transformación pacífica de las sociedades demanda, entre muchas cosas más, practicar los principios de una comunicación para la construcción de acuerdos (veracidad, sinceridad y precisión) y no para el control o la manipulación (agredir, descalificar y obstaculizar). En las mañaneras, esos principios con los que se construyen acuerdos colectivos dejaron mucho que desear. Con “otros datos” se cancelaban la posibilidad de interlocución. Mediante la desacreditación de “neoliberales” y “conservadores” se imponía una sola visión de sociedad (los pobres, el pueblo). Al descalificar el trabajo de ciertos periodistas y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales intentaba imponerse una sola verdad.
El poder político desempeña funciones diversas: perseguidor, para imponer a toda costa sus objetivos; rescatador, buscando salvar a quienes viven en desgracia; victimizador, considerando como víctimas a las personas. Pero una perspectiva pacifista del poder público va más allá para considerarlo un bien común imprescindible para la vida en sociedad (biopoder); como autodeterminación y autonomía de personas, grupos o comunidades; como potencialidades que se ejercen en interacción con los otros; como conciencia y ejercicio de derechos; como empoderamiento capaz de actuar bajo condiciones en las que el Estado no está prácticamente presente. Supone además el reconocimiento público de los valores que encierran las diversas formas de pensar y actuar; considerar los efectos implícitos que llevan las maneras como nos decimos las cosas (¿exigencias? ¿amenazas? ¿ofertas?); transformar la percepción del “enemigo” para considerarlo como un colaborador más.
Esa es transformación social por la que trabajamos quienes estamos empeñados en la construcción de paz en México: hacer que la paz ocupe el mayor número de espacios públicos posible.
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