Calderón y López Obrador, ¿almas gemelas?

Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los veinte años

José Emilio Pacheco

“Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme”, bien podría cantarle Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador, dado que sus políticas de seguridad son una mera continuación de las que echó a andar el primero.

Tan es así que, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, que López Obrador exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejar intacta, pese a que es violatoria de los derechos humanos, y engañosa en términos de seguridad pública, está en la Constitución porque Calderón la incorporó mediante una reforma, después de que la propia SCJN la había declarado inconstitucional cuando la introdujo en la ley de seguridad pública. Así, de manera tramposa, Calderón provocó una contradicción dentro de la propia Constitución, que en su artículo 20 proclama la presunción de inocencia, y en el 19 la anula con la prisión preventiva.

Aclaro que considero un engaño la prisión preventiva oficiosa, porque en muchos casos no nos asegura que la persona detenida sea culpable del delito del que la acusan, puesto que hay casos bien documentados en los que después de varios años se le liberó, debido a que no se pudo demostrar su culpabilidad, lo que deja abierta la posibilidad de que el verdadero culpable haya seguido en la calle, y tal vez cometiendo otros delitos. En otras palabras, lo que fortalece la seguridad pública es abatir la impunidad y propiciar la reparación del daño, mediante procesos judiciales justos.

Algo más en lo que Calderón y López Obrador se parecen es en su afirmación categórica de que enviar al Ejército a realizar tareas de seguridad pública es muy efectivo, pese a que las evidencias los contradicen. Y eso se debe a que, en ambos casos, entendieron la seguridad pública como una cuestión de mero patrullaje, que se limita a tratar de inhibir la delincuencia, y, de paso, a los posibles opositores al presidente en turno.

Y es que todos nuestros presidentes, desde Calles para acá, han utilizado a los cuerpos de seguridad pública como instrumentos para controlar la disidencia político-partidista, la que puede poner en riesgo su ejercicio autoritario del poder, y no para garantizarle a la población la seguridad necesaria para la realización de sus actividades cotidianas sin sobresaltos.

Quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos han documentado muchísimos casos en los que el Ejército en vez de detener a los probables delincuentes los ha matado, lo que hace sospechar que se llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales, es decir, les aplica la pena de muerte, sin que haya un juicio de por medio. Esa situación impide, por un lado, que se esclarezcan los posibles delitos que esas personas pudieron haber cometido, y por otro se convierte en una salida fácil para esconder errores militares, en los que se haya asesinado a personas inocentes, porque, además, el fuero militar sigue vigente en los hechos, aunque la ley estipule que cuando se dañe a civiles, los militares deben ser juzgados en tribunales civiles.

De manera que enviar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y darle fuero militar, además de prolongar la presencia del Ejército en las calles, sin contar con un plan viable de fortalecimiento de la policía civil, orientado a proteger a la población, y de reforma de las instancias de procuración de justicia, a fin de abatir la impunidad, solo le garantizará la seguridad a la élite política y sus aliados. Pero el resto de la población seguiremos encomendándonos a la suerte para no padecer la inseguridad o los abusos.

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