Ayotzinapa y el Ejército

Hace ocho años desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y ese hecho provocó un cambio sumamente trascendente en la vida pública de nuestro país, ya que se puso en evidencia hasta qué punto están deterioradas e infiltradas por intereses criminales nuestras instituciones de gobierno y de seguridad.

No está de más recordar que la desaparición de personas, entre ellas los estudiantes de Ayotzinapa, es una consecuencia indeseada de la guerra contra las drogas que echó a andar el entonces presidente Felipe Calderón, resultado de una decisión que se tomó sin tener información, y sin valorar los pros y contras de lo que se iba a hacer.

Sobre los motivos de Calderón para sacar al Ejército a las calles solo podemos especular, porque él se ha negado a revelar sus verdaderas intenciones. Las respuestas públicas que ha dado al respecto son inverosímiles, dado que los cárteles de la droga no eran un problema de seguridad pública antes de que él decidiera involucrar al Ejército y más bien su fallida estrategia, que fragmentó los cárteles, desató la violencia armada en las calles y la desaparición de personas.

Ahora bien, en el caso de López Obrador, tampoco es claro qué es lo que quiere lograr encargando tantas tareas, incluida la de la seguridad pública, al Ejército dado que desde su propio gobierno se ha señalado que varios miembros del Ejército estuvieron involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, algo que sus madres y padres señalaron desde que comenzaron a buscarlos, pese a lo cual, desde otras instancias del mismo gobierno se ha exculpado al Ejército de manera oficiosa. Lo curioso del caso es que uno de los rubros que distinguen claramente a los gobiernos de izquierda y de derecha es el protagonismo que le conceden al Ejército: los de derecha le dan el mayor posible, al contario de los de izquierda.

El hecho es que mientras no se esclarezcan cabalmente las circunstancias de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, así como otros eventos que se han traducido en asesinatos, tortura y demás violaciones de los derechos humanos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, resulta peligrosa para toda la población su participación en asuntos de seguridad pública, debido a que operan de manera opaca y con base en el principio de la obediencia jerárquica, y eso favorece el ocultamiento o encubrimiento de actos de abuso de poder, o abiertamente criminales.

Dado que los soldados solo deben acatar órdenes, debido a que se exponen a graves castigos por insubordinación en caso de no hacerlo, es muy probable que los oficiales de alto rango que hayan hecho algo indebido aprovechen su jerarquía para encubrirlo. Y si quienes debían supervisarlos incurrieron en alguna negligencia que favoreció el abuso de autoridad, la cadena de responsabilidades se puede extender cada vez más, y la tentación de dejar todo en la impunidad crece en la misma proporción. Así que, si hubo participación del Ejército en el caso de Ayotzinapa, no es de extrañar que hasta el momento no se haya avanzado en su esclarecimiento.

El problema es que no sabemos si así fue, y por lo tanto no sabemos cómo prevenir que algo así se repita, de ahí que sea peligroso mantener al Ejército realizando tantas tareas, especialmente las de seguridad pública. No es extraño que las instancias internacionales de derechos humanos consideren indebido que se quiera mantener al Ejército en las calles sin que se cuente con un plan para construir instancias civiles de seguridad pública capaces de hacerse cargo de esa tarea.

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