Reforma electoral: los congresos estatales

¿Cuál es la mejor manera de organizar la representación política en un sistema que pretende ser democrático? Es decir, ¿cuál es la mejor forma de elegir a las personas a las que les delegaremos nuestro poder para que nos representen en el Poder Legislativo? ¿Y cómo lo hacemos de manera que sea fácil participar, al mismo tiempo que el electorado tiene claro el peso de su voto?

Esas son algunas de las preguntas que se plantean Esteban Macedonio y Mónica Montaño en su libro Aritmética de la representación política, en el que analizan la manera tan compleja en que eso ocurre en los 31 estados que conforman nuestro país. Esto es importante, porque la manera en que se eligen e integran las legislaturas de los Congresos juega un papel muy importante en el desarrollo de la democracia, dado que les corresponde supervisar el uso de los recursos públicos por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, además de evaluar su desempeño, en nombre del pueblo al que representan.

Y digo que es una cuestión compleja, porque actualmente tenemos diputaciones que se eligen por el principio de mayoría relativa, es decir, quién obtuvo más votos, y otras que se determinan a partir del porcentaje de votos que obtuvo cada partido político, que son los de representación proporcional, o plurinominales.

Por otro lado, está la cuestión de a cuántas personas debería representar cada diputación, algo en lo que no se cuenta con estándares en nuestro país, porque cada Estado lo decide por su cuenta, de manera que hay casos en los que tienen el mismo número de diputados, aunque tienen un número de pobladores muy diferente, o, por el contrario, Estados con una población equivalente en número, pero con un número diferente de diputaciones.

Al respecto, la propuesta en la reforma electoral de López Obrador pretende resolver estas cuestiones cambiando la redacción del artículo 116 de nuestra Constitución, de manera que, por un lado, se eliminarían los diputados de mayoría relativa en todos los Estados, de modo que todos serían elegidos por el método de representación proporcional, es decir, serían plurinominales, y, dado que no se estipula otra cosa, quienes presiden los partidos políticos decidirían quiénes ocuparían esos puestos, lo que le daría más poder a los partidos, y se lo restaría al electorado.

Por otro lado, se pretende establecer un criterio uniforme para determinar el número de diputaciones de cada Estado, en función del tamaño de su población, que sería de un máximo 15 en el caso de estados con menos de un millón de habitantes, y podrían tener una diputación más por cada medio millón de habitantes adicionales, hasta un máximo de 45. En el caso de Jalisco, tendríamos 27, que se repartirían así, según los resultados de la pasada elección: PAN 5, PRI 3, PVEM 1, MC 10, Morena 6, Hagamos 1 y Futuro 1. ¿Qué le parece?

Como sea, esto nos lleva a otra discusión, que también retoman Macedonio y Montaño en su libro: ¿Es válido que en una República federal se establezcan (desde el centro) esos límites a la manera de gestionar le representación democrática? La cuestión es importante, y más para Jalisco, que fue uno de los impulsores del federalismo.

¿O no será que sin darnos cuenta estamos siguiendo el camino de Colombia, que pasó de ser una república federal como la nuestra, a una unificada, en la que no existen los Estados, y que además solo tiene un solo Poder Judicial y un solo Poder Legislativo?

Como sea, por lo menos en lo que se refiere al ámbito legislativo, la propuesta de reforma electoral le quitaría poder a la ciudadanía y se lo daría a los partidos. ¿Eso queremos?

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