Desaseo legislativo

En la historia reciente de nuestro país, la hegemonía de un partido político era ingente, férrea y monolítica. Paso a paso, desde la concesión del régimen político al introducir los diputados de partido, pasando por las batallas incesantes de las fuerzas políticas de oposición para introducir reformas electorales imperiosas, hasta llegar al diseño de instituciones democráticas sólidas y competentes se tradujeron en un sistema electoral consolidado. Superadas las luchas por el sufragio efectivo, las energías se concentraron en el buen desempeño en el ejercicio de los nuevos gobiernos; esto es, en la eficiencia gubernamental.

Cuando el desempeño gubernamental transita hacia el despeñadero –como bien dice Macario Schettino en su libro México en el precipicio. El fracaso económico de la 4T (Ariel, 2022)– donde evidencia el infortunio en el ejercicio gubernamental de la economía mexicana es evidente que se busque desviar la atención hacia lo superado: lo electoral. El argumento más esgrimido por Morena es que las elecciones organizadas por Instituto Nacional Electoral (INE) son fraudulentas.

Vale la pena recordar que quien organizó las elecciones de 1988 fue la Comisión Federal Electoral (CFE), encabezada por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)… parece déjà vu. Y que las elecciones de 2006 las realizó el Instituto Federal Electoral (IFE) y quien emitió el decreto del triunfo electoral de Felipe Calderón fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “definitiva e inatacable”; esto es, inapelable. Nunca se probó ni se ha probado que hubo fraude electoral.

Ya con el INE, las elecciones de 2018 fueron a favor del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hoy presidente de México, quien ganó con 53.19 por ciento de la votación. También su partido, Morena, obtuvo la mayoría relativa en la Cámara de Diputados con 38.2 y en el Senado con 43 por ciento; en 2021, Morena obtuvo 34.1 en la Cámara baja. Con el INE, Morena ha ganado gubernaturas 21 entidades federativas y en un sinfín de municipios, alcaldías y diputaciones locales.

En este escenario el argumento de que el INE se ha destacado por organizar elecciones fraudulentas no se sostiene. En todo caso –y eso sería muy serio– todas esas elecciones donde triunfó Morena deberán ser catalogadas como elecciones producto del fraude y por lo tanto debieron ser anuladas.

¿Por qué votar por una iniciativa de reforma legal (la constitucional no pasó la prueba del fuego) con el argumento de que INE y sus consejeros organizan elecciones fraudulentas? ¿Por qué proponer una reforma electoral plagada de inconstitucionalidades, que ya se sabe de antemano, pero que se apuesta a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida? ¿Será que para cuando llegue a ella ya se tendrá una presidencia ad hoc y se declare su constitucionalidad?

La aprobación del plan b en el Senado ratifica la sumisión ciega del bloque de Morena a otro poder y el fin del equilibrio de poderes bajo el argumento que antes así era y no tienen derecho a reclamar: ¿es esa razón suficiente para continuar con esa práctica? ¿Si ya “no son iguales”, por qué persisten en ese esquema?

Ya veremos los resultados de una reforma a todas luces regresiva y que solo beneficia al partido en el poder y a sus rémoras partidistas. Estamos en la víspera de las ya superadas elecciones de Estado.

Aprovechamos para tomarnos un breve descanso y enviarles los mejores deseos en estas fiestas navideñas. Nos leemos en enero.

Twitter: @ismaelortizbarb

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