Fue el Estado

Los teólogos católicos que estipularon el proceso que debía seguir una persona para obtener el perdón de sus pecados lo hicieron con un sentido muy práctico y didáctico, con el fin de garantizar que el daño se corrigiera, hasta donde fuera humanamente posible.

Para quienes no lo conozcan, este es el procedimiento: examen de conciencia, dolor de los pecados, confesión, propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Como se puede observar, se trata de confrontar el propio comportamiento con el marco de valores que se pretende que guíe la toma de decisiones, y en caso de que haya fallas, reconocerlas, asumirlas y repararlas.

Justamente eso es lo que un sistema público de rendición de cuentas con perspectiva de derechos humanos debería de ofrecer, y vaya que nos hace falta. Simplemente basta con hacer un breve repaso de las conmemoraciones de estos días: 2 de octubre, la masacre de Tlatelolco, y 26 de septiembre, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ambos casos en los que, además, intervino de manera impune el Ejército mexicano.

Pero no son las únicas fechas, que hay que considerar. Está el halconazo del 10 de junio de 1971; la masacre de Aguas Blancas, del 28 de junio de 1995; la matanza de Acteal, del 22 de diciembre de 1997; la masacre de San Fernando, del 22 de agosto de 2010; y la matanza de Tlatlaya, del 30 de junio de 2014. Solo por nombrar algunas de las que más repercusión mediática tuvieron en su momento.

El caso es que, de parte del Estado mexicano, y en particular de sus instancias ejecutiva, legislativa y judicial, ni siquiera se ha llevado a cabo un examen de conciencia, es decir, no ha habido una evaluación de la toma de decisiones, ni de los criterios que guiaron la actuación de las autoridades que atendieron esos casos. Esto es aún más grave en el caso de los eventos que sucedieron después de 2011, en el que se estableció en el artículo 1 de la Constitución mexicana la obligación de todas las autoridades de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Y afirmo que es más grave, porque ya no hay pretexto para no tomar en cuenta los derechos humanos, dado que es una norma constitucional, aunque en los casos previos tampoco lo había, porque México se había comprometido soberanamente a cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos.

De alguna manera, esto implica que es probable que nuestras autoridades se nieguen a reconocer que esos hechos no deberían haber ocurrido, porque nuestro sistema político-administrativo tuvo errores, de diseño y/o de ejecución, que propiciaron eso, y en consecuencia, no aceptan públicamente que es necesario revisar y corregir lo que sea pertinente.

Y justo eso, implica, a su vez, que no se reparará hasta donde sea posible, el daño causado a las víctimas directas e indirectas de las fallas de nuestro sistema, ni se llevará a cabo un procedimiento que permita hacer un diagnóstico que siente las bases para corregir lo que sea necesario, de manera que se pueda evitar que una situación así se repita.

¿Y usted qué opina? ¿Le parece correcto que cada presidente mexicano en turno, desde Díaz Ordaz hasta el actual, no solo permita que el Ejército actúe de manera ilegal en contra de la población civil, sino que lo disculpe y justifique? ¿Y le parece correcto, aunque usted o alguno de sus seres queridos pueda ser la siguiente víctima?

Le adelanto que el argumento de que fueron soldados que actuaron por su cuenta no es válido en una organización tan jerarquizada, organizada y profesionalizada como un Ejército. Ahí sí funciona, o debe hacerlo, la cadena de mando.

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