Violencia contra periodistas, información disminuida

En las sociedades modernas y, sobre todo, planteadas desde la perspectiva de un régimen democrático, la información y la comunicación constituyen un elemento esencial en la libre circulación de contenidos que favorecen el hecho de tener una clara perspectiva del espacio local y extendido, y fundamentan nuestras decisiones y la forma en la que construimos el valor de las mismas en la dimensión social. 

Desde el momento mismo en el que se concibieron las sociedades como estados que representan la voluntad de los ciudadanos, entonces se requirieron fuentes de conocimiento que permitiesen representarnos el mundo en el que nuestras acciones tienen efecto. De esta forma, el Estado devino en una estructura representativa de las voluntades ciudadanas y se concibió a la democracia como la mejor fórmula para esa representación. De esta manera, y bajo el principio de un Estado representante de las voluntades ciudadanas, se requirió que los ciudadanos puedan tener fuentes de información con las que orienten sus decisiones, en todos los órdenes de la vida ciudadana. 

El periodismo se concibió como una estructura que, sin formar parte del aparato institucional de gobierno, constituye una fuente privada, legitimada dentro de las sociedades modernas, de ser una estructura ciudadana sin representación, pero con legitimación en función de la aceptación de las audiencias. Esto, de acuerdo con la puesta en práctica de los principios de la profesión, como cualquier otra y que remiten a una confirmación de los hechos que transmiten, a una moderación en los datos y relatos que divulga, bajo un principio de equilibrio y ética que provee a los ciudadanos de los insumos necesarios para sus tomas de decisiones. Bajo esta perspectiva, se cumplen los elementos necesarios para exigir de los medios y de los periodistas, calidad, honestidad, ética y objetividad. Depende de las audiencias la adscripción a las vías que consideren que mejor ofrezcan insumos de conocimiento. 

Las agresiones al medio periodístico constituyen un serio y complejo atentado a la libertad de expresión en cualquier contexto en el que se presente la inhibición del trabajo de informar. Al margen del efecto multiplicador que padece el periodista y su entorno familiar y social con los ataques directos, se disminuye para la sociedad una vía y fuente de información que, como ya lo señalamos, forma parte esencial del patrimonio simbólico con el que actuamos socialmente. 

En otros momentos, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que “los factores que generan las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas son el crimen organizado, la impunidad, corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos, incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia y la falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de este gremio”. 

Aun reconociendo elementos que explican un grave problema en el ámbito de la construcción de una sociedad bien informada, las agresiones contra el medio periodístico no han cesado. Por cierto, durante la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el 8 de marzo pasado, y en el Parlamento Europeo dos días después, México fue señalado como un país con niveles alarmantes de violencia contra periodistas y de vivir un clima en el que se denigra su trabajo. 

Tal y como lo señala la Secretaría de Gobernación, se trata de un grave y profundo problema de importantes consecuencias sociales y, sin embargo, como lo reconocen las propias autoridades sobre la materia, no se vislumbran en ninguno de los niveles, transformaciones que garanticen el derecho a la información, de forma que ¿prima o no el estado de derecho en materia de información? 

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