La construcción de aprobaciones discursivas: el discurso de odio

En la última década y con la expansión del uso de las plataformas digitales en la diversificación y expansión de transmisión de ideas de contenido político, un elemento que se ha venido instalando de manera progresiva y preocupante es el de los discursos de odio que, paradójicamente, han tenido lugar de manera consistente en los discursos y la comunicación política de los gobiernos y partidos.

Las expresiones de intolerancia de parte de gobiernos de diferentes tendencias, de izquierda y derecha, se han establecido en un complejo circuito que supondría un nivel de exposición proporcional, como lo es el espacio público y, dentro de este, en la dimensión más novedosa como son las plataformas digitales.

El recurso de las plataformas digitales que en el inicio del siglo 21 hacía suponer un espacio de mayor libertad y participación de audiencias y ciudadanos interesados en temas particulares, se ha venido transformando en un escenario de nuevos controles, no de las industrias transmisoras, sino de los actores con mayores condiciones tecnológicas y financieras de controlar temas en las redes.

Esto es, con el desarrollo de la producción de temas de interés, técnicamente hay instancias que tienen mayor capacidad de reproducción de temas, así como de la auto- aprobación de los mismos, en un ejercicio artificial que depende no de la participación ciudadana, sino de los controles técnicos y operativos para mantener temáticas y aprobaciones de éstas en el espacio de discusión.

De esta forma, el desarrollo de industrias bien estructuradas de diseminación y sostenimiento de discursos específicos, que no dan lugar al debate y confrontación de las ideas, se ha venido desarrollando de forma incesante en el escenario de la comunicación política, imponiendo formas de concebir un fenómeno con una sola perspectiva, la del generador de los contenidos, como la única posible y, no solamente eso, sino como la única virtuosa, por lo que fórmulas o ideas diferentes son inmediatamente rechazadas. Se trata, pues, de una nueva forma de control de la mediación del discurso político en una nueva fase de la comunicación política contemporánea.

Diferentes gobiernos se han especializado en el desarrollo de este esquema industrializado sobre la base de pensar que la estructura de gobierno se concibe como una empresa privada; en tal sentido, la competencia se debe eliminar. La constante identificación de la perspectiva pública, entendiéndola como empresa privada, funcionaba colocando la función de administración pública con esa metáfora. Sin embargo, la confusión, como bien lo señaló en su momento el presidente José López Portillo, viene del hecho de olvidar el papel de representación que tienen las estructuras de gobierno y que los recursos que administra, son públicos.

En el caso de la administración federal y local, esta confusión se evidencia al ver la gestión pública y el discurso que la acompaña, no en una dimensión de administración de los bienes públicos sino de una gestión personalizada que no admite debate.

Los señalamientos que constantemente se realizan en la conferencia de las mañanas por la Presidencia o los adjetivos calificativos despectivos del gobierno local, respecto de la libertad de opinión de actores sociales con legítimo derecho de opinar, acordar o disentir, se convierten en ataques selectivos contra personas o comunidades, represión estatal, en suma: violencia estructural arraigada, como lo señala la ONU en sus referencias a los discursos de odio.

El poder institucional y los recursos que éste provee, definitivamente constituyen un factor de asimetría en el espacio público. Ciertamente, los gobiernos tienen un inobjetable y constitucional derecho de reaccionar, de manera proporcionada, pero el uso de estructuras de aprobación masiva de mensajes sin opción al debate, son factores que perturban un elemento sustancial para la democracia, la libertad de expresión.

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