Académicos y violencia en Jalisco

Para resolver la grave problemática de la violencia criminal en Jalisco y el resto del país, y construir la paz, es necesaria la investigación científica. Pretender solucionar ambos fenómenos tan complejos sin estudios académicos es dar palos de ciego, como está sucediendo. Las políticas públicas requieren estar sustentadas en metodologías que profundicen en lo que ocurre en las calles, en las familias, en las comunidades y en las propias instituciones.

Las desapariciones cometidas por asesinos profesionales, los alarmantes feminicidios, los multihomicidios en aumento, las agresiones a niños y niñas, los desplazamientos por la violencia, la salud y la protección de los integrantes de las fuerzas de seguridad, las adicciones y la violencia juvenil son algunos de los temas para abrir líneas de investigación que respalden las intervenciones de las instituciones públicas, privadas y sociales.

De poco o nada contribuyen, por ejemplo, las ocurrencias meramente reactivas y que solo buscan la difusión mediática. Por ejemplo, hay legisladores que proponen aumentar las penas a los delincuentes, sin estudios que fundamenten la pertinencia o no de tal decisión. Basta leer iniciativas de reformas que carecen de un sustento sólido, que se quedan en fundamentar lo legal, cuando pudieran fortalecerse con visiones desde la sociología, la psicología, la criminología, la pedagogía o la antropología, por ejemplo.

Si bien las teorías buscan comprender una problemática criminal de rostros poliédricos, dinámica, difícil de asir, y en las universidades y los centros de investigación en ocasiones se quedan en lo conceptual, en lo abstracto, que son importantes, también pueden ser la base para diseñar objetivos, estrategias, líneas de acción, medición y seguimiento de resultados de todas las instituciones, no sólo las de seguridad pública, desde una perspectiva sistémica.

En Jalisco se tienen instituciones que se abocan a indagar desde diferentes ángulos la violencia, los derechos humanos y a formar universitarios. Es el caso, sin ser los únicos, del Laboratorios de Estudios sobre la Violencia, de la Universidad de Guadalajara; y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, SJ, del ITESO. También asociaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) analizan y proponen medidas. Además se cuenta con investigadores que realizan sus actividades universitarias, participan en foros, evalúan, critican, alertan, explican y sugieren medidas, como los integrantes del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas, de la UdeG, y otros, en lo individual, aunque pocos, pero activos.

Un problema cuando se desvinculan las investigaciones académicas y las decisiones que se toman en los círculos de poder. Hay casos donde los estudios no se utilizan y se guardan en algún escritorio o computadora. Sea por ignorancia, desdén, desconfianza o falta de entendimiento, la clase política tradicional poco aprovecha la riqueza intelectual de las universidades y centros de investigación sobre la violencia criminal. Los prejuicios entre ambas partes obstaculizan acercamientos que ayuden a iluminar áreas de la realidad criminal, que tomen en cuenta a los protagonistas de la violencia y a la estela de víctimas que sigue dejando la barbarie.

El país está hundido en la violencia criminal. Urgen más estudios serios, con académicos comprometidos, que recojan prácticas exitosas, viables, que abonen a la cultura y la construcción de paz en comunidades; que eviten las ópticas burocráticas armadas desde los escritorios; necesitamos profesionales que evalúen con juicios críticos y propositivos, prácticas institucionales fallidas. Que no quede en un eslogan que, construir la paz, es el camino.

@SergioRenedDios

JB