Tan lejos de Dinamarca…

El pasado primero de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas (NOM) promovidas por el presidente de Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, Hugo López-Gatell. En la publicación no se dan razones para la cancelación de dichas NOM.

Las NOM son regulaciones técnicas de observancia obligatoria que son expedidas por dependencias gubernamentales en temas como seguridad, economía, medio ambiente, trabajo, agricultura, turismo, salud, entre otras. Las normas tienen como fin definir las características de los procesos y servicios riesgosos para la seguridad y la salud de las personas.

La NOM tiene como finalidad asegurar que los servicios de atención médica se brinden con calidad, eficacia, eficiencia y seguridad por parte de quien ofrece el servicio: privado, público o cualquier orden de gobierno. Las normas aseguran la calidad de la atención médica. Las normas canceladas van desde la vigilancia, prevención y control por picaduras de alacrán, pasando por la atención hospitalaria psiquiátrica, hasta el cáncer cervicouterino y de mama.

Las cancelaciones reducen la posibilidad de que a los trabajadores de la salud sean acusados de negligencia o responsabilidad administrativa. López-Gatell argumenta que las NOM cancelas son obsoletas: sigue al pie de la letra la práctica rigurosa del gobierno de la 4T de que, si en algún programa hubo corrupción y no se ha actualizado, se deseche o se cancele, cuando lo que se requiere es denunciar a los corruptos, así como actualizar o corregir procedimientos.

Cuando en una de las conferencias matutinas se le cuestionó, el presidente López Obrador (AMLO) respondió que –contrario a lo que se ha venido afirmando de que el pueblo de México ha experimentado una revolución de las conciencias– la “gente ni sabe” y que “ese asunto no es realmente importante dado que solo importa a las élites, pues vamos a encontrar aquí a todos los que vendían medicinas al gobierno y que ahora están molestos porque lucraban, se robaban hasta el dinero de las medicinas”.

Por otro lado, el 29 de mayo se publicó en el DOF modificaciones a la Ley General de Salud y al Consejo de Salubridad General (CSG) y que sus integrantes serán determinados por quien lo presida. Con esta modificación, tanto los representantes de la UNAM, del IPN y del ANUIES quedaron fuera y así también la opinión de científicos e investigadores especialistas en salud. Con ello se centralizan las políticas públicas de salud sin la posibilidad de escuchar a expertos, pues las decisiones sanitarias quedan sólo en instancias dependientes del Ejecutivo federal.

Así, el CSG dejará de ser un órgano colegiado autónomo pues también saldrán de su seno la Fundación Mexicana para la Salud, la Academia Mexicana de Pediatría, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, entre otras. Esto es, ahora se tomarán decisiones centralizadas sin escuchar las voces y opiniones de los expertos en salud no gubernamentales. Estas nuevas medidas violentan el derecho a la salud y la dignidad humana.

En octubre de 2018, AMLO prometió –siendo presidente electo– que los servicios de salud en México serían como los de Dinamarca. Desde que tomó posesión de la Presidencia de la República han trascurrido 57 meses; quedan 16 para concluir su mandato. Se ve difícil que se logre cumplir esta promesa: la distancia entre Ciudad de México y Copenhague (Dinamarca) es aproximadamente de 9 mil 24 kilómetros: tan lejos de Dinamarca y tan cerca de la 4T.

Twitter: @ismaelortizbarb

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