Desaparecidos y políticas públicas

A raíz del ataque con explosivos en contra de personal de la policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga y de la Fiscalía General de Jalisco, que supuestamente realizaban una diligencia, llevado a cabo el pasado 11 de julio, muy cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco, y que dejó un lamentable saldo de seis muertos y 15 heridos, entre policías y civiles, quedó claro que el problema de la seguridad pública no está siendo atendido debidamente.

Es decir, si el hecho de que en Jalisco exista una impunidad cercana al 100 por ciento en los delitos de todo tipo no fuera un indicador suficiente de todo lo que no se está haciendo bien, ese ataque, cuya explicación oficial resulta poco creíble, nos pone ante una situación de incertidumbre que solo contribuye a acrecentar el miedo que la población puede estar experimentando ante lo que está ocurriendo.

El hecho de que desde el gobierno del estado se pongan en la misma canasta delitos como el robo de autopartes, con otros como el asesinato o desaparición de personas, no contribuye a la rendición de cuentas, puesto que, de manera arbitraria, usando las estadísticas se decidió que se iban a concentrar los esfuerzos de seguridad pública en la disminución de los delitos que más ocurren, justamente el robo de autopartes o a casas-habitación, contribuye a mantener en la impunidad los que estadísticamente afectan a menos personas, pero que más dañan la dignidad y desgarran el tejido social.

Y no es que no se deba prevenir la ocurrencia de robos, pero le invito a preguntarse si prefiere que los recursos públicos se utilicen en evitar que le despojen de un celular, un espejo de auto o algo por el estilo o si preferiría que se le garantice poder realizar sus actividades cotidianas sin miedo a que usted, o cualquiera de sus seres queridos, pueda ser desaparecido impunemente.

Este tipo de asuntos se pretendía resolver con la propuesta de “una fiscalía que sirva”, presentada en 2018, que en los hechos fue desechada por el gobernador. Es cierto, el problema viene de más atrás, pero no es claro que en los últimos cuatro años se hayan llevado a cabo avances significativos, o que se cuente con un plan que nos permita suponer que se está haciendo algo al respecto.

Ante este panorama, insisto, es necesario construir una política pública que atienda las causas y consecuencias de los delitos que más vulneran la dignidad humana, y en los que Jalisco ocupa los primeros lugares: feminicidios, desaparición de personas, y homicidios. Por la magnitud del problema es necesario que nos involucremos todas las personas, para aportar nuestros conocimientos y perspectivas, pero también para escucharnos, para entendernos, y en ese proceso entender qué es lo que nos está ocurriendo, y cómo podemos cambiar esa situación.

No debemos seguir dejando que el trabajo de procuración de justicia, especialmente el referente a la localización de las personas desaparecidas, o el de localizar a los prófugos de feminicidio o pederastia, siga quedando a cargo de las víctimas indirectas, como hasta ahora lo hemos hecho, con el resultado de que no hay justicia ni reparación del daño.

Le invito a dejar de distraerse con el circo de las precandidaturas y a involucrarse en la exigencia de que quienes ya ganaron la elección, y ahora gobiernan, destinen los recursos necesarios para atender estas problemáticas, y que lo hagan de manera incluyente y participativa, con mecanismos que nos brinden la certeza de que se podrá avanzar, y no con reuniones en las que solo se simula escuchar, pero no se ponen a discusión las decisiones públicas fundamentales.

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