Violencia política

En cada proceso electoral la violencia contra precandidatos y candidatos de los partidos políticos ennegrece las campañas. Pero no solo es la violencia contra los candidatos, también es contra funcionarios públicos. Esto hace que en México sea un verdadero peligro ser una cosa u otra.

De acuerdo con el proyecto Votar entre balas, de Data Cívica (que utiliza datos y tecnología como herramientas para sus análisis), de 2018 a 2024 se han registrado mil 657 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas protagonistas del ámbito político. El actual proceso electoral no es la excepción: a la fecha han sido asesinados 16 candidatos o precandidatos. Estas cifras, de acuerdo con especialistas, vaticinan que este posiblemente será el más sangriento de los últimos procesos electorales.

Con la intención de incidir en las elecciones, el crimen organizado (CO) pretende imponer candidatos o alejar posibles aspirantes que no responden a sus intereses, pero también lo harán alejando a los electores de las urnas o presionarlos para votar por quien el grupo criminal les indique.

Citibanamex, en su publicación Elecciones 2024: los riesgos de la violencia político-electoral, advierte que existe el riesgo de que el CO intervenga en las elecciones del próximo 2 de junio. El informe asevera que “la deteriorada resiliencia del Estado mexicano ante el CO ha dado lugar a una crisis de extorsiones y desapariciones en el país, pero también a mayor presencia e influencia del crimen en procesos electorales”. De darse esto, los grupos criminales impactarán en los resultados, en la legitimidad y en la equidad electoral.

El peligro de que el CO se inmiscuya en las elecciones podría significar que algunos procesos electorales se verán anulados. Así lo reconocen algunos magistrados del disminuido (en número de integrantes y presupuesto) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife). En las próximas elecciones, este órgano electoral pondrá a prueba su independencia y autonomía en la toma de decisiones, en especial en la validez de la elección presidencial. ¿Se mantendrá firme ante las continuas intervenciones del presidente López Obrador en las campañas que iniciarán el 1 de marzo? ¿Aceptará los resultados si su candidata no es favorecida?

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un esquema de seguridad para las candidaturas que, a ojos vistas, se contempla solo como una carta de buena intención, pues el proyecto establece, de acuerdo con el análisis de riesgo que elabore la Guardia Nacional, se clasificarán las zonas como alta, media y baja, lo que contrasta con la poca seguridad pública que existe en todo el país. Hasta hoy, las fuerzas de seguridad han actuado en reacción, no en prevención de las acciones del CO: así, ¿qué garantías tendrán los candidatos en los próximos comicios?

¿Cómo protegerá el Estado a quien aspire a uno de los 19 mil cargos de elección popular que se disputarán el próximo junio y a cada uno de los candidatos de los partidos: gobernadores, senadores, diputados locales y regidores? ¿Y cómo se protegerá a las personas que son asesinadas a diario (80 en promedio)? ¿Y a los transportistas, los comerciantes, los funcionarios públicos, las madres buscadoras, las víctimas de feminicidios, los periodistas, a los ciudadanos comunes?

La estrategia laissez faire (dejar hacer, dejar pasar) del gobierno federal ante la inseguridad pública tiene un límite: ahora esas mismas víctimas (al igual que el clero) son obligadas a negociar con el CO una tregua en busca de la paz que el Estado les niega. Y si las personas se organizan y protestan, no es un complot de la derecha.

X: @Ismaelortizbarb

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