Bancos públicos y privados

Recientemente, el presidente López Obrador ordenó ocupar algunas instalaciones ferroviarias de Grupo México y anunció su interés por adquirir bancos privados. Como resultado, se cayó la venta directa de Banamex a Grupo México (que era el comprador esperado del banco).

La fallida compra-venta hizo que el gobierno dejara de percibir 2 mil millones de dólares de impuestos. También, impidió que el banco fuera comprado por inversionistas mexicanos. Además, el trato que recibió Grupo México fue muy mal visto por los inversionistas nacionales y extranjeros.

¿Cuál fue la racionalidad de tomar dichas decisiones? Muy probablemente la rentabilidad bancaria. En la pasada Convención Bancaria, el presidente López Obrador señalo que “el reporte de utilidades en 2022, de la banca múltiple mexicana, fue de 236.743 millones de pesos, algo nunca visto”.

¿Es válido considerar la rentabilidad de los bancos privados para su compra por parte del gobierno? No. Los bancos públicos existen para servir el interés público, para proveer servicios bancarios a entidades gubernamentales y para impulsar el desarrollo económico. Su objetivo no es generar utilidades.

En México, los bancos públicos, además, tienen la obligación de atender las actividades productivas asignadas por el Congreso de la Unión. Nafin, Banobras, Bancomext, Sociedad Hipotecaria Federal, Banjercito y Banco del Bienestar, por tanto, no operan bajo lógicas de mercado.

¿Qué argumentos justifican las compras gubernamentales de bancos privados? En la práctica estos son los siguientes: 1) si el banco estuviera en una situación financiera difícil y fuera “demasiado grande para quebrar”; o bien, 2) si el banco pudiera iniciar una crisis sistémica sobre el sistema de pagos.

¿Qué argumentos había en contra de la compra de bancos? Estos son los siguientes: 1) el banco podría tener intervenciones y presiones políticas; 2) el banco podría no tener incentivos para competir y mantener su eficiencia; y, 3) el costo del banco podría ser una carga para las finanzas públicas.

Las consideraciones anteriores muestran que no había razones que justificaran la pretensión gubernamental de comprar Banamex u otros bancos. Aparentemente, el presidente no fue bien asesorado y sus subsecuentes decisiones tuvieron, y seguirán teniendo, un costo muy alto para el país.

*Economista e investigador de la UdeG

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