Los tiempos de Alfaro y las familias

La semana pasada fuimos testigos de un episodio más de los desencuentros del gobernador Enrique Alfaro Ramírez con los colectivos de familias con desaparecidos. Ha transcurrido la mayor parte de su sexenio sin que miles de jaliscienses que padecen un intolerante sufrimiento encuentren en su figura a un aliado comprensivo, un escucha atento, un funcionario sensible que resuelve sus demandas. La prueba más contundente es que este domingo salieron a las calles de Guadalajara a protestar 26 colectivos y agrupaciones defensoras de derechos humanos. Tienen justos reclamos. No bastan las buenas intenciones o nuevas leyes o reformas si no se ubica el paradero de las personas y si no se sanciona –no solo se detiene– a los crueles responsables.

La petición de Alfaro Ramírez para que no organizaran la manifestación, luego de que ofreció organizar mesas de trabajo, fue rechazada por los colectivos. Decidieron expresar su legítimo malestar. Gritarlo. Están hartos. No es para menos cuando Jalisco es primer lugar nacional en desapariciones; está entre los primeros lugares en cuanto a fosas clandestinas y cuerpos recuperados, que siguen extrayendo; la crisis forense continúa y es una pesadilla la recuperación de cuerpos; los colectivos no siempre reciben apoyos, sin remilgos ni argumentos burocráticos, en sus búsquedas; y la base de datos de las desapariciones ha sido una y otra vez denunciada como manipulada, entre otras quejas.

Luego del cobarde ataque en Tlajomulco a elementos de la Fiscalía del Estado y policías municipales, donde son asesinados cuatro, más dos civiles, y resultan lesionadas 16 personas, el gobernador informó que se decidió suspender las búsquedas originadas a través de denuncias anónimas a los colectivos. Argumentó que se busca no poner en riesgo a la ciudadanía ni a los elementos policiales y que la medida estará vigente hasta no definir una nueva ruta para las búsquedas.

Sin embargo, se trató de una decisión unilateral, sin consultar a los colectivos. Además, aseguró que una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima de que había restos humanos, y que informó a las autoridades, por lo cual los policías se dirigieron al lugar y cayeron en una trampa. Con esto acusó de manera indirecta a dicha mujer de ser cómplice de los asesinatos, lo que fue rechazado por colectivos; éstos puntualizaron que ninguna madre hizo dicha llamada, que continuarán las búsquedas por su cuenta y que sus demandas no se restringen al protocolo.

La versión del gobernador es diferente a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien puntualizó que no fueron las madres las que llamaron. Además, al destacar el tema en el espacio público, Alfaro Ramírez puso en riesgo a buscadoras que están siendo amenazadas de muerte, como documenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desalentó también a quienes dan a conocer la ubicación de panteones ilegales y confían más en ellas que en las autoridades.

Es evidente que el protocolo que dicen existe para atender las llamadas telefónicas anónimas no funciona. Hay muchas dudas. ¿Nadie filtra las denuncias? ¿Cómo identifican con certeza a quienes hacen los reportes? ¿Los toman como ciertos y se acude sin más a los lugares, incluso de noche? ¿Cuántas medidas precautorias faltan antes de trasladar policías a esos sitios? ¿No se trató de una acción operada desde adentro de la Fiscalía? Recordemos que el gobernador señaló en 2020 que la Fiscalía está infiltrada por el crimen organizado.

Alfaro Ramírez no valora que alrededor de 90 por ciento de los descubrimientos de fosas clandestinas son gracias a llamadas telefónicas anónimas. Suspender las búsquedas es contrario al derecho de las personas a ser localizadas. Los tiempos del gobernador no son los de las familias. Cometió el mandatario otro yerro con las desapariciones.

Twitter: @SergioRenedDios

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