Insuficiente, la difusión de desapariciones

En lugar de ser un apoyo, tanto gobiernos municipales como el estatal de Jalisco son, en muchas ocasiones, un obstáculo para difundir amplia, rápida y eficazmente las desapariciones. Autoridades impiden que los colectivos de familias con desaparecidos utilicen espacios públicos para informar a los jaliscienses que se busca a tal persona y solicitar que, si tienen información sobre su paradero, proporcionen cualquier dato que pueda ayudar a localizarlos.

A las autoridades les interesa más, por ejemplo, que se mantengan intactos los miles de bolardos colocados en calles y avenidas, y eliminar cualquier volante o ficha de búsqueda de desaparecidos que sea pegada ahí por colectivos de familias con desaparecidos. O borrar las pintas en paredes. Además de que viola la libertad de expresión, la burocracia política no tiene la mínima sensibilidad, compasión o sentido humanitario para prestar todo el respaldo posible a la difusión de los rostros de los desaparecidos, con su perfil, lugar y fecha en que fue visto por última vez. No es solidaria con el sufrimiento de las familias. Desde ahí muestran los aparatos burocráticos municipales y estatal su lejanía de una de las principales demandas en Jalisco: abatir las desapariciones y dar con el paradero de quienes fueron privados ilegalmente de su libertad.

Uno de los más recientes casos captado en un video que circula en redes sociales es el de empleados del Ayuntamiento de Zapopan que pintan de negro las fichas de búsqueda colocadas en el municipio por el esforzado colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. La política no solo zapopana, sino también de Guadalajara (aunque ha facilitado espacios) y Tlaquepaque, ha sido bloquear información sobre los desaparecidos. Al borrar las cédulas de búsqueda, borran las posibilidades de hallar a las personas, a las que revictimizan luego de que estas padecen un grave atropello. Más claramente: con el borrado las autoridades se vuelven aliadas de quienes desaparecen personas; ni a unas, ni a otros, les interesa que se informe del acto criminal.

La propia Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco tiene vacíos y debilidades en cuanto a la necesidad de fortalecer la difusión de cada desaparición. De entrada, en su “glosario” no incluye el concepto difusión. A los diputados les pasó de noche. En vigor desde marzo de 2021 la ley señala en su artículo 2 que entre sus objetivos se encuentra establecer un Sistema Estatal de Búsqueda para coordinar entre los diversos poderes, órganos y organismos del estado, la búsqueda de personas desaparecidas, para esclarecer los hechos; y prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los delitos vinculados que establece la respectiva ley general. Es decir, que además de “prevenir, investigar, sancionar y erradicar” las desapariciones habría que incluir “difundir”, como una política pública específica, relevante, con programas, estrategias y acciones.

La ley busca garantizar la participación de familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas, y establecer la forma de participación de familiares en lo anterior, más la evaluación de las acciones de búsqueda, investigación e identificación. Sin embargo, falta incluir que, por sí mismas, las familias tengan derecho a difundir públicamente información de los desaparecidos, tan necesario ante dependencias rebasadas, obstaculizadoras o ineficientes.

Las primeras horas después de las desapariciones son vitales. Más allá de la Alerta Ámber o de las acciones que se derivan del Protocolo Alba, es patente la carencia de una política gubernamental de difusión que sea pública, establecida en la ley, sobre las desapariciones. No basta con solo subir a redes sociales fichas de búsqueda, en muchas ocasiones demasiado tarde. La ley puede y debe establecer criterios generales de “difusión”, por todas las vías posibles, con sanciones a las autoridades y particulares que borren o eliminen los mensajes. Sin amplia difusión, no hay localización.

X: @SergioRenedDios

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