Concesionarios piel de oveja; siempre mercenarios

La campaña antimigrante financiada por el gobierno de Donald Trump transmitida en la televisión abierta pone al descubierto la insensibilidad y menosprecio de los grupos mediáticos con la audiencia hispana –de la que por cierto viven e hipócritamente, se definen aliados–, pero es también una afrenta al pueblo y a las instituciones del Estado mexicano, pues los grupos mediáticos no solo se alinean con un discurso xenófobo, sino que anteponen sus intereses económicos frente al principio de verdad y responsabilidad social a los que se deben con sus audiencias.

El gobierno de México ha reaccionado de manera lenta frente a una campaña que no solo afecta la dignidad de los migrantes, sino que también trastoca la estabilidad social y política del país. La reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República para regular a los concesionarios y sancionar este tipo de propaganda que criminaliza la movilidad humana parece dormir el sueño de los justos y, por insólito que parezca, los dueños y directivos de esta industria mediática han vuelto a poner en marcha su contracampaña; la misma que sacan del cajón cada tanto para activar su rol de piel de oveja, diciéndose víctimas de la intervención y la censura, cuento que, por cierto, también cada tanto, compran algunos legisladores de distintas fracciones, sin importar color o partido en el gobierno en turno, para eludir y dilatar su responsabilidad que justamente es la de regular, armonizar o actualizar la ley. ¡Esto no es otra cosa que el mundo al revés!

Ciertamente, toda iniciativa de reforma puede ser perfectible y ésta en particular no podría ni debería ser la excepción a la regla. Es responsabilidad de los legisladores revisarla, discutirla y hasta convocar a distintas voces técnicas y expertas en la materia para oír y contrastar opiniones; para analizar y discutir lo que sea necesario; para enriquecer, corregir o modificar el contenido y alcances de la iniciativa hasta votarla y reformarla como mejor convenga al país; pero es su trabajo también, el procurar y garantizar los recursos técnicos, humanos, económicos necesarios para ponerla en operación. Y es también su responsabilidad y la de los propios concesionarios, hacerla del conocimiento público, e incluso difundir los beneficios y limitantes que establece la ley, para que la ciudadanía conozca por qué debe hacerse un uso responsable del espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación y que nos pertenece a todas y todos.

En resumen, la campaña antimigrante financiada por el gobierno de Trump y transmitida en televisión abierta mexicana ha cumplido ya su cometido, pues ha permitido al gobierno de Trump amplificar sus mensajes, infundiendo temor y el odio a las personas migrantes, mientras que a los concesionarios les ha llenado la cartera de billetes. Está claro que una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta es usar el espectro para allanar tan infames propósitos beneficiándose económicamente y confiar en que aquí nada pase.

X: @claudiaacn

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