La importancia del diseño institucional en 2024

Comienza un nuevo año con una serie de situaciones que resultan importantes en la trama del seguimiento del funcionamiento social y para que esto ocurra, se revisan las condiciones y estructuras del funcionamiento de la administración pública y de los mecanismos de correlación social entre instituciones y sociedad a partir del desarrollo de una intervención política que, en nuestro caso, principalmente se entiende o se remite a la dimensión de las relaciones partidistas.

Las administraciones federal y estatal llegan al término de sus mandatos y, con ello, la renovación de dirigentes con las elecciones que tendremos este año y que implican una renovación nacional de más de 20 mil cargos de elección, comenzando por la Presidencia de la República.

Al margen de la contienda entre partidos, el gran dilema que se presenta lo constituye la gobernanza a través de mecanismos sólidos de función pública. De esta forma, independientemente de las diversas franquicias políticas que obtengan los triunfos en los espacios en los que se está compitiendo, la gran duda la constituye el seguimiento administrativo de las políticas públicas y la forma de estructurar las funciones de poder en un escenario de cambios de personas en los puestos de mando administrativos.

Durante la administración que fenece se probaron mecanismos diferentes, en algunos casos considerados como innovación dentro de los espacios en los que se intervenía y, sin embargo, los problemas se suscitaron en la medida del desconocimiento del diseño institucional creado para operar la función pública. En este sentido, la diferenciación entre proselitismo político-electoral y administración pública adquieren una relevancia fundamental porque la función pública requiere una estructura y diseño que opere para el desarrollo de las políticas públicas que no pueden ser mecanismos cambiantes porque, precisamente, la constancia de su función ofrece condiciones para su desarrollo.

En el último tramo de esta administración se pretendieron transformaciones de carácter político electoral, pero sin un análisis efectivo del diseño institucional que sostiene a las instancias que pretenden o pretendieron transformar. Tal es el caso del Instituto Nacional Electoral y del Poder Judicial. Como antecedente de acción no reflexionada, podríamos considerar la supresión del Seguro Popular y el cambio súbito, sin ningún análisis, hacia el Instituto de Salud para el Bienestar, que resultó en un rotundo fracaso.

La constitucionalista Carla Huerta señala que: “El diseño institucional establece cómo operan y se interpretan las instituciones, ya que determina cómo éstas se interrelacionan para producir un significado o efecto específico. Implica como primer paso la elección de instituciones que se encuentran correlacionadas por su objeto”.

Este año constituye un importante reto para la gobernanza; la polarización ideológica constituye un factor de enorme estridencia que no deja claras las dinámicas que se consideran relevantes para un ejercicio de administración que permita vislumbrar con alguna certidumbre los trazos a partir de los cuales se entiende el desarrollo de la función pública. En este sentido, los partidos no han ofrecido una plataforma clara que muestre cuál es la proyección del Estado en cualquiera de sus escenarios.

El ejercicio de comunicación política que actualmente se desarrolla, privilegia los menajes cortos que tienen un impacto emocional pero no descriptivo de la plataforma que representan. En términos de oferta no hay claridad de cuál es el proyecto de unos y otros y, la referencia del pasado, la constituye, paradójicamente, la actual administración. La decisión debería facilitarse con el diseño de información que habrá en las campañas, falta ver si hay interés en desarrollar una interlocución de los partidos con los electores.

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