Eximidos

De administrar el dolor acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes estuvieron durante ocho años de forma recurrente en México para revisar, investigar y compartir sobre el tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

El mandatario, durante su conferencia de prensa matutina del miércoles, reiteró que el Ejército mexicano proporcionó toda la información disponible sobre el caso y que los avances que se hicieron (y se hacen) en la investigación se deben a los informes recibidos de las Fuerzas Armadas.

Señaló, además, que no existen pruebas concretas, sino solo conjeturas, de los expertos que respalden sus afirmaciones respecto a que la Secretaría de la Defensa Nacional se había negado a abrir la información que posee esta dependencia federal.

Y aunque aseguró que se trató de un crimen de Estado, deslindó de este al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, como si estos dos personajes no fueran parte precisamente del Estado.

Eso sí, reconoció la participación de “algunos militares” con vínculos con el crimen organizado o que fueron omisos en evitar la desaparición de los estudiantes.

Ese mismo día por la tarde, los ex integrantes del GIEI Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain lanzaron una nota aclaratoria; entre los puntos que considero destacables ante las declaraciones del presidente están que la investigación hecha por estos especialistas fue lo que demostró que la llamada “verdad histórica”, planteada por el gobierno de Peña Nieto, no era cierta, y que más bien trataba de desviar la responsabilidad de los hechos y ocultar lo sucedido.

Además señalan que, durante el sexenio priista, el GIEI sufrió una campaña de desprestigio que los obligó a dejar el país y no poder seguir con la investigación ni con el acompañamiento a los familiares de los normalistas.

También subrayan que, luego de que regresaran al país invitados por el ahora presidente, cada uno de los avances significativos de la investigación y revelaciones que hizo el GIEI fueron dados a conocer previamente al propio López Obrador.

Y, como lo dijeron en otras ocasiones, advierten que el trabajo de derechos humanos y la investigación de hechos atroces de esta naturaleza es “una enorme carrera de obstáculos”, a pesar de los cuales han entregado a la actual Fiscalía General de la República “seis documentos con cerca de 90 propuestas de investigación, diligencias y acciones para esclarecer el caso, muchas de ellas aún pendientes”.

En una defensa de su largo trabajo declaran que sus informes “no muestran opiniones, sino hechos probados, y cuentan con todas las fuentes”, e invitan a autoridades, medios y académicos “a analizarlos y responder a los hallazgos no con opiniones o descalificaciones, sino con el rigor que requiere la verdad. La verdad no se declara, se prueba, y todas las afirmaciones que incluyen nuestros informes tienen sustento probatorio”.

Las familias de los normalistas desde un primer momento han estado al lado del trabajo del ahora extinto GIEI. Basta una revisión hemerográfica para conocer más a fondo cómo padres y madres de los estudiantes se sintieron aliviados y acompañados por los expertos, que ya se han ido del país.

Las declaraciones del presidente, su defensa apasionada de las Fuerzas Armadas y la exoneración de Peña Nieto no abonan a la tranquilidad de las familias ni a este país, en general, que se ha dividido y polarizado tanto, en muchas ocasiones en torno a la misma figura del mandatario.

Los culpables deben ser señalados.

Y las familias merecen recibir lo que tanto reclaman.

Justicia.

X: @perlavelasco

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